La Comisión Europea publicó el pasado 14 de marzo, el segundo borrador de 'Comunicación Cine 2012', donde se fija el marco en el que se conceden las ayudas públicas al cine en los Estados Miembros de la Unión Europea.

El ICAA ha estado presente en todo el proceso de elaboración de la 'Comunicación Cine 2012' y participa en las actividades de la European Film Agency Directors (EFAD), entidad desde la que los "ICAA europeos" han trasladado a la Comisión su posición común en todo momento.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en un comunicado "comparte la reflexión que realiza la Comisión Europea que reconoce la necesidad de continuar apoyando el cine con fondos públicos, tanto a través de ayudas directas como mediante otros instrumentos que han adquirido protagonismo en los últimos años, entre los que se encuentran los incentivos fiscales. De esta manera se contribuiría a consolidar el tejido industrial que permite que la creatividad encuentre canales sólidos para manifestarse".

Tras la publicación de este segundo borrador de 'Comunicación Cine 2012', se abre un período de consulta que finaliza el 14 de junio de este año, fecha a partir de la cual la Comisión Europea analizará las contribuciones realizadas y dará forma al texto definitivo, que se convertirá en texto jurídico vinculante. Desde el ICAA se anima a asociaciones y ciudadanos interesados para que participen y realicen aportaciones a este borrador.

Reconocimiento para el apoyo a un sector preocupado
El borrador de la 'Comunicación Cine 2012' se ha de destacar su apuesta por eliminar la dicotomía entre cultura e industria al aludir al cine. El texto comienza poniendo de relieve el importante papel de las películas "en la configuración de las identidades europeas, ya que reflejan la diversidad cultural de las distintas tradiciones e historias de los Estados miembros y regiones de la UE", para añadir a continuación que "las obras audiovisuales son tanto bienes económicos, que ofrecen importantes oportunidades para la creación de riqueza y empleo, como bienes culturales que reflejan y configuran nuestras sociedades".

Mientras la primera Comunicación únicamente se refería a las ayudas a la producción cinematográfica, el nuevo borrador propone extender el sistema de ayudas a otras fases de la cadena de valor. La Comisión reconoce la importancia de la distribución y la promoción para la viabilidad de las películas, cuya vocación es, en definitiva, alcanzar a su público. El público es un elemento relevante en el audiovisual y, por tanto, las medidas encaminadas a acercar las obras a los espectadores adquieren una relevancia singular. La Comisión ha optado por no integrar en su ámbito las ayudas a la digitalización de las salas de exhibición, que tendrían cabida, sin embargo, en otra norma jurídica. En este sentido, estas medidas de apoyo no corren peligro, pero cabría plantear si es más adecuado que se contemplen junto con el resto de medidas de apoyo a la cinematografía europea.

La Comisión es comprensiva con los Estados miembros en relación a las subvenciones para atraer producciones cinematográficas de fuera de Europa. En este sentido, pone límites a las ayudas que se pueden conceder a este tipo de operaciones. Estos límites podrían ser más generosos, en especial teniendo en cuenta la actual situación económica y financiera general, de modo que con muy elevada probabilidad será una de las cuestiones a las que se dedicará más atención en el periodo de consulta pública.

Entre las numerosas aportaciones de este texto europeo, cabe destacar la denominada territorialización de los gastos, esto es, la obligación de invertir en el país que concede la ayuda. La Comisión considera que hay un riesgo para el adecuado funcionamiento del mercado interior. Por ello, entiende que se ha de establecer un porcentaje máximo para los Estados miembros que opten por una obligación de estas características. Ese porcentaje se aplicará sobre la ayuda concedida y no sobre el presupuesto de la producción. La consecuencia inmediata es que el montante económico que revierte al Estado que concede la ayuda es inferior, de modo que probablemente este también sea uno de los puntos en los que convenga seguir trabajando.

La Comisión termina este apartado incorporando una precisión que, según el ICAA, habría de estudiarse, dado que parece indicar que los sistemas de ayuda basados en incentivos fiscales -cada vez más importantes en todos los Estados miembros- no podrían aplicar cláusulas de territorialización.